Horas después de asumir como presidente de la Nación, la gestión de Javier Milei deberá afrontar uno de sus primeros retos políticos en el Congreso de la Nación. Entre sus primeras medidas de gobierno, el dirigente libertario advirtió que girará al cuerpo legislativo un paquete de iniciativas que servirán de plataforma para la administración de la nueva gestión.

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Estas propuestas se debatirán en sesiones extraordinarias ,y es por eso que los legisladores nacionales ya saben que después de la Asamblea Legislativa, del próximo 10 de diciembre, deberán permanecer en Buenos Aires. “El día 11 de diciembre entra un paquete enorme de leyes con todas las reformas del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. No vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar hasta marzo, porque ese mes empieza a caer la demanda de dinero”, explicó Milei. Y aunque el presidente electo no detalló el contenido de esas reformas y leyes asociadas, dirigentes cercanos al nuevo mandatario adelantaron que no se tratará de un único texto que incorpore todo su plan para esta etapa inicial.

En extraordinarias

La convocatoria a sesiones extraordinarias constituye una atribución directa del Poder Ejecutivo, que permite hacer funcionar al Congreso por fuera de los plazos regulares que establece la Constitución Nacional.

El periodo ordinario de sesiones culmina el último día del penúltimo mes del año. Tal como indica la Constitución Nacional (CN) en el artículo 63 de su capítulo tercero, concerniente a las disposiciones comunes a ambas cámaras, los diputados y senadores se reúnen por sí mismos -es decir, en forma separada según la cámara a la que correspondan- en “sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre”.

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Por eso, cada año, las sesiones ordinarias del Congreso reanudan con un discurso del presidente. Pero la Carta Magna aclara: “Las sesiones también pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o pueden ser prorrogadas sus sesiones”.

El mandatario liberal puede realizar esta convocatoria porque así está definido en el artículo 9 del capítulo tercero de la segunda parte de la Constitución Nacional, llamado “de las atribuciones del Poder Ejecutivo”, donde se especifica que la rama del Estado encabezada por el presidente “prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.

En este caso, el temario serán las reformas legales planteadas por el presidente electo.

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De esta forma, las sesiones del Congreso se extenderán durante el verano, aunque habrá que ver los plazos solicitados por el nuevo gobierno.

El recurso no parece ser tan extraordinario para los presidentes argentinos en su primer año al frente del Poder Ejecutivo.

Tanto Mauricio Macri (2015-2019) como Alberto Fernández (2019-2023) recurrieron a las sesiones extraordinarias en su primer verano como mandatarios electos, y aprovecharon estos períodos para aprobar leyes que consideraron urgentes para sus respectivas administraciones.

La necesidad de votos

Para Milei, las vinculaciones con el Congreso resultarán claves porque para avanzar con las reformas planteadas en el transcurso de su campaña necesitará sí o sí con el visto bueno de ambos cuerpos legislativos; a menos que opte por aplicar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), a sabiendas del costo político que puede acarrear tal decisión.

Así, por ejemplo, uno de los temas más sensibles y que tiene que ver con la suba en los servicios básicos podría resolverse de manera más sencilla, porque el cambio en los esquemas de tarifas (de luz o gas) o el transporte no requieren pasar por el Congreso. Para esto solo basta una resolución de las dependencias del Poder Ejecutivo: los entes reguladores en el caso de los servicios públicos, y la Secretaría de Transporte para los boletos de trenes y colectivos de jurisdicción nacional.

Distinto escenario se abriría en caso de querer modificar la manera en la que se distribuye la coparticipación a las provincias.

En la reforma constitucional de 1994 se había definido que el Congreso debía sancionar una nueva Ley de Coparticipación antes de 1997. Eso no ocurrió por la imposibilidad política: la norma requiere la aprobación de ambas cámaras y la ratificación de todas las legislaturas provinciales.

A pesar de esto sí se podrían introducir cambios con leyes especiales o con la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios, que modifiquen el total de recursos que ingresan (o no) en el reparto.

Algo similar podría suceder con la Ley de Alquileres. Milei ya comunicó sus intenciones de derogar la norma actual para que inquilinos y propietarios puedan acordar en libertad y en un contexto más similar al que hoy rige para los contratos de locación. El Poder Ejecutivo no puede eliminar ni total ni parcialmente una ley. Para la derogación es necesario el voto de ambas cámaras en el Congreso. El nuevo gobierno deberá negociar con otras fuerzas políticas si busca avanzar con la eliminación de esta ley o de cualquier otra, como la del aborto (algo que también se planteó en el espacio libertario).

Con la quita del cepo propuesta también por Milei durante el proceso electoral, el horizonte parece estar más allanado. En los últimos años se introdujeron modificaciones a las normativa para fijar restricciones a operaciones y con definiciones de montos y plazos para acceder a divisas o a las compras en cuotas. Para revertirlas se requieren resoluciones de la entidad monetaria, como ocurrió a fines de 2015.

Algo que sí requiere actividad del Congreso es eliminar el impuesto PAIS, que fue creado por la ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva, 27.541, con vigencia por cinco períodos fiscales. Es decir, para eliminar el impuesto antes de 2025, el Congreso debería hacer otra ley.